En Argentina se realizaron seis golpes de Estado durante el siglo XX, en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Los cuatro primeros establecieron dictaduras provisionales en tanto que los dos últimos establecieron dictaduras de tipo permanente según el modelo de Estado burocrático-autoritario (EBA). El último impuso un Terrorismo de Estado, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron decenas de miles de desaparecidos. En los 53 años que transcurrieron desde el primer golpe de Estado en 1930, hasta que cayó la última dictadura cívico-militar en 1983, los militares gobernaron 25 años, imponiendo 14 dictadores con el título de «presidente», uno cada 1,7 años en promedio. En ese período todas las experiencias de gobierno elegidas democráticamente (radicales, peronistas y radical-desarrollistas) fueron interrumpidas mediante golpes de Estado.
Golpe del 6 de septiembre de 1930
El golpe militar del 6 de septiembre de 1930 fue liderado por el General José Félix Uriburu y derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, quien había sido elegido democráticamente para ejercer su segundo mandato en 1928. Paradójicamente el general Uriburu había sido uno de los organizadores de la Revolución de 1890, un levantamiento cívico-militar que dio origen a la Unión Cívica Radical. El 10 de septiembre, Uriburu fue reconocido como presidente Provisional de la Nación por la Corte Suprema mediante la acordada que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto y que sería utilizada para legitimar a todos los demás golpes militares. Uriburu designó a un civil en el cargo de Ministro de Economía, José S. Pérez, vinculado a los grandes terratenientes y a los sectores más conservadores. El gobierno militar se proponía establecer un gobierno de inspiración fascista y le encargó la redacción de su proclama inicial al escritor Leopoldo Lugones, quién había adherido a las ideas fascistas en 1924, al pronunciar ante los jefes militares un difundido discurso «La hora de la espada», donde el escritor anunciaba el deterioro de la democracia, su inestabilidad y su devenir hacia la demagogia. Una de las primeras medidas de Uriburu fue establecer una estructura estatal represiva ilegal, creando una "sección especial" de la policía para utilizar sistemáticamente la tortura contra los opositores, siendo la primera en utilizar la electricidad con tal fin, mediante las picanas diseñadas para el ganado. Al no poder instaurar el régimen político que se proponía ante la falta de apoyo político, Uriburu llamó a elecciones pero dispuso proscribir la participación en ellas del radicalismo. La reinstauración democrática fue falaz, restringida y controlada por las Fuerzas Armadas que dio origen a una serie de gobiernos conservadores fraudulentos y corruptos que fueron conocidos como la Década Infame.4 5 El 20 de febrero de 1932, el general José Félix Uriburu le entregó el poder al general Agustín P. Justo, verdadera fuerza material del golpe de Estado; que si bien proponía este, pretendía un gobierno democrático conservador y restringido. Golpe del 4 de junio de 1943[editar · editar código] Artículo principal: Revolución del 43 Generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, los tres dictadores sucesivos de la Revolución del 43. La Revolución del 43 originada en el golpe militar del 4 de junio de 1943 tuvo características distintivas a todos los demás: Ramón Castillo, el presidente derrocado, era parte del régimen conservador conocido como década infame, originado en el golpe militar de 1930 y apoyado en el fraude electoral generalizado, la represión y la corrupción. Único golpe militar que se desenvolvió en medio de una guerra mundial. No mantuvo relaciones de alianza con los grandes terratenientes y empresarios. Su desencadenamiento estuvo vinculado a las presiones de Estados Unidos para que la Argentina abandonara su tradicional neutralismo frente a la Segunda Guerra Mundial, con el fin de afectar los intereses británicos en el país y reemplazar a Gran Bretaña como poder económico dominante en la Argentina. Fue el único golpe de Estado en Argentina que fue pura y exclusivamente militar, sin apoyo civil6 Acabó con todo un sistema de gobierno conservador y fraudulento instaurado en 1930 y que tenía intenciones de permanencia. Al igual que todo quiebre institucional de la República Argentina, fue muy nocivo en términos de calidad democrática, ya que aún eliminando el «fraude patriótico» de la década anterior, continuó a futuro la nefasta línea de sucesiones de facto al frente del Gobierno. La Revolución del 43 fue un confuso proceso político durante el cual diversos grupos, muchos de ellos sin protagonismo anterior en la historia argentina, se disputaron el poder. El golpe no tenía pretensiones de permanencia en el poder, por lo que fue una dictadura de tipo transitoria. Todos los grupos militares que lucharon por el poder durante la Revolución del 43 eran marcadamente anticomunistas y mantenían estrechas relaciones con la Iglesia Católica que recuperó una sólida presencia (perdida desde el siglo XIX), sobre todo en el ámbito de la educación. Las luchas internas desencadenaron dos golpes de palacio, sucediéndose en el poder tres dictadores que llevaron el título de «presidente»: Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. Durante este período los sindicatos argentinos, principalmente los socialistas y los sindicalistas revolucionarios (pero también algunos pocos comunistas), realizaron una alianza con un sector de oficiales jóvenes del ejército liderado por el coronel Juan Perón, constituyendo una exitosa corriente laborista-nacionalista, que finalmente terminó predominando y ganando el apoyo de la clase obrera en ese momento en plena expansión y adquiriendo el nombre de peronismo. El período se caracterizó por una extrema polarización de las clases sociales, y llevó también a la conformación de un gran bloque social fuertemente antiperonista, mayoritariamente integrado por los sectores medios y altos.8 Económicamente la Revolución del 43 se caracterizó por continuar la política de industrialización por sustitución de importaciones que venía de años anteriores. La dictadura finalizó con un llamado a elecciones democráticas realizadas el 24 de febrero de 1946, que todos los sectores aceptaron como impecables, en las que triunfó Juan Domingo Perón, quien asumió el 4 de junio de 1946. Perón sería derrocado por un golpe militar en 1955 antes de finalizar su segundo mandato.
Golpe del 16 de septiembre de 1955
Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, los dos dictadores sucesivos de la «Revolución Libertadora». La llamada «Revolución Libertadora» fue una dictadura militar de tipo transitoria, originada en el golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Domingo Perón entre el 16 y el 23 de septiembre de 1955, día éste último en que el jefe de la insurrección juró con el título de «presidente», a la vez que disolvió el Congreso. Al día siguiente designó como «vicepresidente» al almirante Isaac Rojas. La Revolución Libertadora contó con la Junta Consultiva Nacional integrada por la mayor parte de los partidos políticos: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido Demócrata Progresista. El grupo golpista se dividió en dos sectores: un sector nacionalista-católico liderado por el general Eduardo Lonardi, que tomó el gobierno al comienzo, y un grupo liberal-conservador liderado por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas. Este último sector terminó predominando y dando un golpe palaciego, por el cual Lonardi fue reemplazado por Aramburu como «presidente». La dictadura impuso la proscripción del Partido Peronista y persecución de sus simpatizantes, que se mantendría por 18 años, y la intervención de los sindicatos. También, en un caso sin precedentes en la historia argentina moderna, fusiló a opositores, en algunos casos en forma pública y en otros clandestinamente. El gobierno militar asignó el Ministerio de Economía sucesivamente a Eugenio Folcini, Eugenio A. Blanco, Roberto Verrier y Adalberto Krieger Vasena, que llevaron adelante una política inspirada en los criterios de los sectores socialmente más acomodados y poderosos económicamente. Una de las medidas institucionales más importantes de la dictadura militar fue emitir una proclama derogando inmediatamente la Constitución Nacional vigente, conocida como Constitución de 1949, para reemplazarla por el texto de la Constitución de 1853. Esta medida sería luego avalada por una Convención Constituyente elegida con proscripciones, que sesionó bajo el régimen militar y le agregó el artículo 14 bis. En 1958 la Revolución Libertadora convocó a elecciones limitadas y controladas por las Fuerzas Armadas, con proscripción del peronismo que fueron ganadas por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), un sector de la fracturada Unión Cívica Radical, liderado por Arturo Frondizi, quien había realizado un pacto electoral y político con Perón con el fin obtener el apoyo del decisivo voto peronista a su candidatura. El presidente Frondizi sería a su vez derrocado por los militares cuatro años después.
Golpe del 29 de marzo de 1962
José María Guido, único presidente civil que tomó posesión de la presidencia tras un golpe de Estado en Argentina. El golpe militar del 29 de marzo de 1962 tuvo elementos tragicómicos que determinaron que no fuera un militar, sino un civil, quien accediera al gobierno luego de derrocar al presidente Arturo Frondizi (radical intransigente). Frondizi soportó durante su gobierno reiterados planteos e insurrecciones militares, mediante los cuales llegaron a imponerle incluso al ministro de Economía (Álvaro Alsogaray) y terminaron en el golpe del 29 de marzo de 1962, liderado por el Teniente General Raúl Alejandro Poggi, el Almirante Agustín Ricardo Penas y el Brigadier General Cayo Antonio Alsina, los comandantes en Jefe del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina respectivamente. El hecho que precipitó el golpe fue la amplia victoria del peronismo en las elecciones realizadas once días antes, en diez de las catorce provincias existentes en aquel momento, incluyendo la estratégica Provincia de Buenos Aires, donde triunfó el dirigente sindical textil Andrés Framini. El peronismo había sido proscrito por la dictadura militar de 1955, pero Frondizi volvió a habilitarlo electoralmente, aunque manteniendo la prohibición a Juan Perón de presentarse como candidato y volver al país. Frondizi inmediatamente intervino las provincias en las que había ganado el peronismo, pero el golpe era imparable. Producido el levantamiento militar el 29 de marzo de 1962, el presidente Frondizi, detenido por los militares en la Isla Martín García, se negó a renunciar («no me suicidaré, no renunciaré y no me iré del país»). Eso llevó a interminables movimientos, amenazas y gestiones que agotaron a los líderes de la insurrección, quienes se fueron a dormir antes de asumir formalmente el poder. En la mañana del 30 de marzo, el general Raúl Poggi, líder de la insurrección victoriosa, se dirigió a la Casa Rosada para hacerse cargo del gobierno, y se sorprendió con el hecho de que los periodistas le comentaban que un civil, José María Guido, había jurado esa mañana como presidente en el palacio de la Corte Suprema de Justicia.14 Guido era un senador radical intransigente que presidía provisionalmente la Cámara de Senadores, debido a la renuncia del Vicepresidente Alejandro Gómez. Teniendo en cuenta esto, la noche del golpe, algunos abogados relacionados con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos Julio Oyhanarte, resolvieron que el derrocamiento de Frondizi era un caso de acefalía y le propusieron a Guido asumir la presidencia por encontrarse en la línea sucesoria, algo que éste hizo jurando ante la Corte Suprema la mañana del 30 de marzo. Entre incrédulos, sorprendidos e indignados, los militares golpistas terminaron aceptando a regañadientes la situación y convocaron a Guido a la Casa Rosada para comunicarle que sería reconocido como presidente, en tanto y en cuanto se comprometiera por escrito a ejecutar las medidas políticas indicadas por las Fuerzas Armadas, siendo la primera de ellas anular las elecciones ganadas por el peronismo. Guido aceptó las imposiciones militares, firmó un acta dejando constancia de ello y recién entonces fue habilitado por estos para instalarse con el título de «presidente», pero con la obligación de clausurar el Congreso Nacional e intervenir las provincias. Efectivamente Guido cumplió las órdenes militares, anuló las elecciones, clausuró el Congreso, volvió a proscribir al peronismo, intervino todas las provincias y designó un equipo económico de derecha que incluía a figuras como Federico Pinedo y José Alfredo Martínez de Hoz. Finalmente en 1963 volvió a convocar a elecciones limitadas, con proscripción del peronismo, en las que resultó elegido presidente Arturo Illia (radical del pueblo), saliendo segundo el voto en blanco que muchos peronistas utilizaron como forma de protesta. El Presidente Illia asumió el 12 de octubre de 1963 y también sería derrocado por un golpe militar el 28 de junio de 1966. Golpe del 28 de junio de 1966[editar · editar código] Artículos principales: Revolución Argentina y Juan Carlos Onganía. Generales Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse, los tres dictadores sucesivos de la autodenominada «Revolución Argentina». El 28 de junio de 1966 un levantamiento militar liderado por el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Arturo Illia perteneciente a la Unión Cívica Radical del Pueblo. El golpe dio origen a una dictadura autodenominada «Revolución Argentina», que ya no se presentó a sí misma como «gobierno provisional», como en todos los golpes anteriores, sino que se estableció como un sistema de tipo permanente. Este tipo de dictaduras militares permanentes, se instalaron por entonces en varios países latinoamericanos en esos años (Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, etc.) y fue analizado detalladamente por el destacado politólogo Guillermo O'Donnell quien lo denominó con la expresión de Estado burocrático autoritario (EBA).15 La Revolución Argentina dictó en 1966 un Estatuto que tenía nivel jurídico superior a la Constitución y en 1972 introdujo reformas constitucionales, algo que también la distinguió de las dictaduras anteriores. En general la dictadura adoptó una ideología fascista-católica-anticomunista, apoyada abiertamente tanto por Estados Unidos como por los países europeos.16 La alta conflictividad política y social generada durante la Revolución Argentina y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares: Juan Carlos Onganía (1966-1970), Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973). Onganía entregó el Ministerio de Economía a los sectores civiles más conservadores-liberales, cuyo máximo exponente fue Adalberto Krieger Vasena, quien ya había sido ministro de la Revolución Libertadora. Sin embargo durante la dictadura de Levingston, predominó un sector nacionalista-desarrollista de las Fuerzas Armadas, que nombró Ministro de Economía al radical Aldo Ferrer. Acosada por una insurrección popular creciente y generalizada, la dictadura organizó una salida electoral con participación del peronismo (aunque impidiendo la candidatura de Perón), en 1973, en la que triunfó precisamente el candidato peronista Héctor J. Cámpora, con el 49,53% de los votos, asumiendo el 25 de mayo de 1973. Cámpora renunció para permitir elecciones libres, en las que ganó Juan Perón con el 62% de los votos, quien moriría menos de un año después de haber sido electo, y el gobierno peronista, en manos ahora de la Vicepresidente María Estela Martínez de Perón, sería también derrocada por un golpe militar en 1976.
Golpe del 24 de marzo de 1976
El 24 de marzo de 1976 una nueva sublevación militar derrocó a la Presidenta María Estela Martínez de Perón instalando una dictadura de tipo permanente (Estado burocrático autoritario) autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», gobernada por una Junta Militar integrada por tres militares, uno por cada fuerza. A su vez la Junta Militar elegía a un funcionario con el título de «presidente», con funciones ejecutivas y legislativas. Al igual que la dictadura anterior, la Junta Militar sancionó en 1976 un Estatuto y dos Actas de carácter complementario con jerarquía jurídica superior a la Constitución. El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas: 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens Graffigna 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Jorge Hughes En cada una de estas etapas, las juntas designaron como «presidentes» de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. Bignone, fue el único "presidente" que no perteneció a la junta. El «Proceso de Reorganización Nacional» llevó adelante una guerra sucia en la línea del terrorismo de Estado que violó masivamente los derechos humanos y causó la desaparición de decenas de miles de personas. Internacionalmente, la dictadura argentina y la violación de derechos humanos contó con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos (salvo durante la administración de James Carter) y la tolerancia de los países europeos, la Unión Soviética y la Iglesia Católica. Asimismo, en ese momento se instalaron con apoyo estadounidense dictaduras militares en todos los países del Cono Sur de Sudamérica (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) que coordinaron entre sí y con Estados Unidos la represión, por medio de una organización terrorista internacional denominada Plan Cóndor. En materia económica, la dictadura entregó formalmente los ministerios económicos a las asociaciones empresarias más conservadoras que impulsaron una política económica abiertamente desindustrializadora y neoliberal, con máxima expansión de una deuda externa Tras algunos años de política conservadora que no rendía frutos reales, y uso de procedimientos represivos del estado contra civiles que incluyeron todo tipo de violaciones a los derechos humanos, hicieron que hacia fines de la década del 70 el descontento de la población y la falta de apoyo fueran en aumento. El triunfo del equipo argentino como anfitriones del evento en el mundial de fútbol de 1978 calmó el descontento, pero solo temporalmente. Percibiendo un rápido ingreso en una crisis de poder el gobierno militar decide retomar una disputa de larga data sobre la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por una población inglesa implantada 1833. En este marco el gobierno militar argentino decide retomar las islas, acción que ejecuta exitosamente dejando así declarada la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. El hecho causó un fuerte eco en el país europeo ya que, justamente en el mismo momento el gobierno de la Primer Ministro [Margaret Thatcher] también se encontraba en una fuerte crisis política. Entablar y ganar una guerra era, justamente, lo que Tatcher necesitaba y dispondría de toda la fuerza bélica que sea necesaria para volver a invadir las islas, incluso solicitando el apoyo de [Estados Unidos]. Tal vez haya sido afortunado que la Junta Militar no haya sopesado este aspecto y que se hayan cometido otros desaciertos que hicieron perder las islas en ataque por medios convencionales, ya que el [Reino Unido] no descartaba el uso de armas nucleares para concretar sus fines. La derrota infligida terminó de zanjar la crisis del gobierno militar, lo cual condujo a la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien asumió el 10 de diciembre de 1983. Los jefes militares fueron enjuiciados y condenados, y muchos de ellos llevados a prisión, en complejos procesos que se extendieron en el tiempo. La dictadura militar llamada «Proceso de Reorganización Nacional» fue la última. Si bien entre 1987 y 1990 se produjeron varias insurrecciones militares, denominadas carapintadas, ninguna de ellas logró derrocar a los gobiernos democráticos.
Cuestiones generales
Los golpes de Estado en Argentina generaron una serie de problemas jurídico-políticos específicos: La doctrina de los gobiernos de facto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; La validez y suerte de los llamados "decretos-leyes" y demás normas sancionadas por los gobiernos militares, una vez finalizada la dictadura;20 La sanción de los golpistas. También es posible observar una escalada en la violencia represiva y una paralela reducción del respeto por las formas legales en cada uno de los golpes. En particular, mientras que los cuatro primeros golpes de Estado (1930, 1943, 1955 y 1962) se definieron como "gobiernos provisionales" y manifestaron desde un inicio su intención de llamar a elecciones democráticas en un breve lapso, los dos últimos golpes (1966 y 1976), establecieron dictaduras militares de tipo permanente, de acuerdo al modelo de Estado burocrático autoritario (EBA) descrito por Guillermo O'Donnell. Un elemento importante de los golpes de Estado en Argentina está relacionado también con los planes económicos y la actitud ante los mismos de las grandes potencias mundiales. En el primer caso, los equipos económicos de los gobiernos militares tendieron a recurrir a las mismas figuras, mayoritariamente provenientes del sectores conservador-liberal, llegándose a decir que las Fuerzas Armadas se comportaron como partido político de la clase alta. En el segundo caso en casi todos los golpes de Estado la o las potencias mundiales hegemónicas en el país, tuvieron participación directa, ya sea en su realización o posterior protección de los golpistas. A partir de la década del 60 los golpes de Estado en Argentina formaron parte de un cuadro subregional y regional más amplio, de golpes militares generalizados en Sudamérica y América Latina, en la mayoría de los casos apoyados o promovidos por Estados Unidos, a partir de las operaciones de la Escuela de las Américas con base en Panamá y la Doctrina de la Seguridad Nacional. Durante la Convención Constituyente que en 1994 reformó el texto de la Constitución Argentina se discutió largamente la doctrina de los gobiernos de facto y la forma de evitar que la misma pudiera volver a invocarse en un eventual golpe de Estado futuro. El resultado fue la aprobación del primer párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional, conocido también como de "defensa de la democracia o defensa del orden constitucional": «Esta Constitución mantendrá su imperio, aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos».
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