27-9-2010 - La deuda pública nacional bruta alcanzó el equivalente a 156.691 millones de dólares a junio de este año. Es un monto que no incluye los bonos defolteados que no ingresaron a las dos etapas del canje ni los activos financieros afectados al pago de deuda que reducen el pasivo neto. Esa suma representa el 48,6 por ciento del Producto Bruto Interno, bastante menos que el 166 por ciento de 2002, que refleja el efecto combinado de un fuerte crecimiento de la economía con un intenso proceso de cancelación de deuda en ese período.
Ese abultado pasivo y la elevada partida destinada a sus servicios en el proyecto de Presupuesto 2011 (en pesos equivalente a 9095 millones de dólares) presentan el escenario como un frente complejo. Sin embargo ese panorama se alivia sustancialmente al analizar la composición de la deuda por acreedor: la mitad está en poder de dependencias del sector público, destacándose el Banco Central, la Anses, el Banco Nación y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del régimen previsional. Del total, sólo 55.542 millones de dólares, que representan el 35 por ciento de la deuda pública y apenas el 17,2 por ciento del PIB, está en manos de inversores privados en el mercado. Esta novedosa distribución de la deuda por acreedor es uno de los cambios estructurales más notables y poco considerado en la evaluación de la magnitud de los pasivos públicos. Los pasados esquemas de análisis de las condicionalidades de la deuda sobre la política económica requieren ser revisados ante esta nueva realidad.
Cuando se observan los compromisos anuales a cancelar se debe apreciar que la mitad será operaciones intra sector público. No presentarán complicaciones ni exigencias de tasas más altas que las vigentes en plaza. No es algo fuera de lo común en otras economías. Las transacciones de colocación y renovación de papeles de deuda entre dependencias públicas son usuales en las administraciones de países desarrollados. No generan alertas ni observaciones críticas de representantes de la ortodoxia, ni mucho menos de miembros de la corriente crítica al discurso dominante. En economías periféricas ese tipo de estructura de deuda no ha sido usual y por ese motivo lo que permite ahora es disminuir la influencia del poder de veto que el mercado financiero y organismos de crédito internacional buscan ejercer frente a la necesidad de fondos para refinanciar vencimientos.
La transformación de la composición de la deuda ha tenido un recorrido que merece precisarse para evitar caer en las trampas de la confusión sobre ese tema. Ese proceso comenzó con la declaración de la cesación de pagos en 2001. Desde entonces se concretaron diferentes pasos que redujeron el peso de la deuda sobre la economía y que cambió el perfil del acreedor. El primero fue la importante quita del capital sobre el stock de pasivos en default en las dos fases del canje. Luego, ante el castigo al país aplicado por el mercado por esas medidas, que clausuró el acceso al crédito internacional, el superávit fiscal permitió la cancelación neta de compromisos. Después, la crisis internacional y el carácter insostenible del sistema privado de jubilaciones impulsaron el fin de las AFJP. Esta trascendental reforma significó la recuperación de un voluminoso stock de títulos públicos que pasó a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional estatal. A la vez, desde 2003 el Banco Nación, la Anses y el Banco Central fueron sumando bonos en su cartera y durante los años de la debacle global intensificaron compras a precios de default. El último paso importante en ese proceso fue la implementación de la estrategia de pagar deuda con una pequeña porción de las engordadas reservas del Banco Central. El antecedente fue para suprimir la cuenta de casi 10 mil millones de dólares con el FMI a fines de 2005, habilitando de ese modo seguir saldando vencimientos con otros organismos internacionales en los años siguientes (2187 millones de dólares en 2010). Desde este año se agregó el pago de bonos en cartera de privados (4382 millones de dólares) por esa vía. En el proyecto de Presupuesto 2011 se incluye la creación de un fondo de 7509 millones de dólares de reservas del Banco Central para ese mismo objetivo.
Este ciclo de administración de pasivos públicos ha derivado en un sustancial cambio al momento de abordar la cuestión de la deuda. En un reciente informe de la Oficina Nacional de Crédito Público, publicado en un mejorado sitio de Internet del Ministerio de Economía al incluir documentos explicativos sobre temas de debate, se precisa que la deuda con organismos internacionales sumaban 17.174 millones de dólares a junio de este año, equivalente al 5,3 por ciento del PIB. Se sostiene que desde una perspectiva de largo plazo, se observa una continuidad en el proceso de reducción de la deuda pública nacional iniciado en 2003. Mientras que a la salida de la convertibilidad esta deuda tenía un nivel que la hacía impagable, actualmente la deuda es comparativamente menor que la de la gran mayoría de los países desarrollados e incluso que la de algunos países de la región que actúan de referencia, como Brasil.
Como se mencionó al comienzo, en ese informe se detalla que el 49,8 por ciento del total de la deuda por 156.691 millones de dólares corresponde a tenencias de agencias del sector público nacional; el 11 por ciento son deudas bilaterales en situación de pago normal o préstamos de organismos multilaterales de crédito; el 3,7 por ciento son deudas que presentan atrasos, elegibles para su renegociación en el marco del Club de París; en tanto que sólo el 35,4 por ciento restante son deudas con el sector privado, en su gran mayoría instrumentadas en títulos públicos o préstamos garantizados.
Al observar estas cifras, el reclamo del no pago de la deuda o su auditoría para determinar su carácter fraudulento necesitaría precisiones: la mitad se encuentra en manos de organismos públicos constituyendo parte del patrimonio de toda la sociedad. Apenas un tercio está en manos privadas con tendencia a seguir disminuyendo por la restricción existente al acceso de fondos especulativos en el mercado internacional a tasas razonables. Pero fundamentalmente por la estratégica decisión de no contraer deuda cara y continuar con la aplicación de reservas al pago de vencimientos de capital e intereses de títulos en manos de inversores privados.
Por Alfredo Zaiat - www.pagina12.com.ar
Cuando se observan los compromisos anuales a cancelar se debe apreciar que la mitad será operaciones intra sector público. No presentarán complicaciones ni exigencias de tasas más altas que las vigentes en plaza. No es algo fuera de lo común en otras economías. Las transacciones de colocación y renovación de papeles de deuda entre dependencias públicas son usuales en las administraciones de países desarrollados. No generan alertas ni observaciones críticas de representantes de la ortodoxia, ni mucho menos de miembros de la corriente crítica al discurso dominante. En economías periféricas ese tipo de estructura de deuda no ha sido usual y por ese motivo lo que permite ahora es disminuir la influencia del poder de veto que el mercado financiero y organismos de crédito internacional buscan ejercer frente a la necesidad de fondos para refinanciar vencimientos.
La transformación de la composición de la deuda ha tenido un recorrido que merece precisarse para evitar caer en las trampas de la confusión sobre ese tema. Ese proceso comenzó con la declaración de la cesación de pagos en 2001. Desde entonces se concretaron diferentes pasos que redujeron el peso de la deuda sobre la economía y que cambió el perfil del acreedor. El primero fue la importante quita del capital sobre el stock de pasivos en default en las dos fases del canje. Luego, ante el castigo al país aplicado por el mercado por esas medidas, que clausuró el acceso al crédito internacional, el superávit fiscal permitió la cancelación neta de compromisos. Después, la crisis internacional y el carácter insostenible del sistema privado de jubilaciones impulsaron el fin de las AFJP. Esta trascendental reforma significó la recuperación de un voluminoso stock de títulos públicos que pasó a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional estatal. A la vez, desde 2003 el Banco Nación, la Anses y el Banco Central fueron sumando bonos en su cartera y durante los años de la debacle global intensificaron compras a precios de default. El último paso importante en ese proceso fue la implementación de la estrategia de pagar deuda con una pequeña porción de las engordadas reservas del Banco Central. El antecedente fue para suprimir la cuenta de casi 10 mil millones de dólares con el FMI a fines de 2005, habilitando de ese modo seguir saldando vencimientos con otros organismos internacionales en los años siguientes (2187 millones de dólares en 2010). Desde este año se agregó el pago de bonos en cartera de privados (4382 millones de dólares) por esa vía. En el proyecto de Presupuesto 2011 se incluye la creación de un fondo de 7509 millones de dólares de reservas del Banco Central para ese mismo objetivo.
Este ciclo de administración de pasivos públicos ha derivado en un sustancial cambio al momento de abordar la cuestión de la deuda. En un reciente informe de la Oficina Nacional de Crédito Público, publicado en un mejorado sitio de Internet del Ministerio de Economía al incluir documentos explicativos sobre temas de debate, se precisa que la deuda con organismos internacionales sumaban 17.174 millones de dólares a junio de este año, equivalente al 5,3 por ciento del PIB. Se sostiene que desde una perspectiva de largo plazo, se observa una continuidad en el proceso de reducción de la deuda pública nacional iniciado en 2003. Mientras que a la salida de la convertibilidad esta deuda tenía un nivel que la hacía impagable, actualmente la deuda es comparativamente menor que la de la gran mayoría de los países desarrollados e incluso que la de algunos países de la región que actúan de referencia, como Brasil.
Como se mencionó al comienzo, en ese informe se detalla que el 49,8 por ciento del total de la deuda por 156.691 millones de dólares corresponde a tenencias de agencias del sector público nacional; el 11 por ciento son deudas bilaterales en situación de pago normal o préstamos de organismos multilaterales de crédito; el 3,7 por ciento son deudas que presentan atrasos, elegibles para su renegociación en el marco del Club de París; en tanto que sólo el 35,4 por ciento restante son deudas con el sector privado, en su gran mayoría instrumentadas en títulos públicos o préstamos garantizados.
Al observar estas cifras, el reclamo del no pago de la deuda o su auditoría para determinar su carácter fraudulento necesitaría precisiones: la mitad se encuentra en manos de organismos públicos constituyendo parte del patrimonio de toda la sociedad. Apenas un tercio está en manos privadas con tendencia a seguir disminuyendo por la restricción existente al acceso de fondos especulativos en el mercado internacional a tasas razonables. Pero fundamentalmente por la estratégica decisión de no contraer deuda cara y continuar con la aplicación de reservas al pago de vencimientos de capital e intereses de títulos en manos de inversores privados.
Por Alfredo Zaiat - www.pagina12.com.ar
